Imagina un paralelismo entre el siglo XVIII y nuestros días: el motín de Esquilache y el arresto del CEO de Telegram. Ambos eventos, separados por siglos, tienen más en común de lo que parece.
A mediados del siglo XVIII, España fue sacudida por un motín que llegó a poner en peligro la estabilidad del reino. El detonante fue una orden real que prohibía el uso de la capa larga y el chambergo, un sombrero de ala ancha. La razón oficial era que estos atuendos permitían el anonimato y facilitaban el ocultamiento de armas, fomentando delitos, violaciones y desórdenes. En términos actuales, una medida que atentaba contra la libertad personal.
Hoy, vemos algo similar con el arresto del CEO de Telegram. Se le acusa de que la plataforma, gracias a su enfoque en la privacidad y el anonimato, facilita la comisión de delitos graves.
¿Pero no es este un derecho básico, el de comunicarse en privado sin que terceros invadan esa intimidad? ¿Hasta dónde debemos llegar en nombre de la seguridad?
Como comenté con respecto a Telegram en el mes de marzo en el contexto de la petición del bloqueo por parte del juez Pedraz, el problema no es tanto las comunicaciones en telegram, sino TON.
TON (The Open Network) es una blockchain descentralizada cuyo objetivo es ofrecer una plataforma rápida, segura y escalable para aplicaciones descentralizadas (dApps) y transacciones de criptomonedas. Es decir, una plataforma que permite transacciones verdaderamente privadas.
No es casualidad que recientemente el Parlamento Europeo haya prohibido las criptomonedas de autocustodia anónimas para transacciones dentro de la región. La idea es combatir el lavado de dinero y las transacciones ilegales, pero la medida afecta también a ciudadanos comunes que valoran su privacidad financiera.
La tecnología blockchain de Telegram podría convertirla en una wallet anónima y, dada su popularidad y facilidad de uso, eso representa un dolor de cabeza para los gobiernos que quieren controlar las transacciones.
Al final, de la misma forma que el motín de Esquilache, no fue por prohibir la capa y los sombreros que tapaban la cara, sino por el hambre que había en el pueblo por la tremenda crisis que vivía el país, los ataques a Telegram no son por la libertad de expresión, sino por la libertad financiera.
Porque cuando los Estados pierden el control sobre las finanzas, pierden también el control sobre los impuestos y, con ello, una parte de su poder sobre los ciudadanos.
Puedes seguir el debate en Linkedin: Aquí
Tomás Otero 